Documento de la AVERU

Caracas, 14 de octubre de 2010

Ciudadano

Profesor EDGARDO RAMÍREZ

Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

Su Despacho.-

En nuestra condición de Rectores miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), actuando en nombre y representación de dichas Casas de Estudios Superiores y en ejercicio de las competencias que nos son propias de conformidad con lo establecido en la Ley de Universidades, hoy, con ocasión de la manifestación de voluntad de la comunidad universitaria sobre las políticas presupuestarias de las Universidades autónomas; ocurrimos ante usted para hacer formal consignación del presente documento contentivo de breve exposición de la situación actual de la comunidad universitaria, en el cual se exponen nuevamente las razones que han motivado la toma de acciones contundentes tendientes a requerir que el despacho a su cargo establezca mecanismos efectivos de dialogo, concertación y toma de decisiones que garanticen:

El derecho constitucional a una educación superior gratuita de calidad;

La dotación adecuada de nuestras aulas y laboratorios;

El mantenimiento de nuestras instalaciones;

  • La reposición de los cargos docentes, administrativos y obreros, en razón de su jubilación;
  • La efectiva operatividad de las nuevas carreras aprobadas en el Consejo Nacional de Universidades que ud preside.
  • La preparación y capacitación de nuestro personal docente, administrativo y obrero;
  • La asignación equilibrada de las providencias estudiantiles;
  • El efectivo goce y disfrute de las conquistas laborales y beneficios constitucionales y legales de los que es acreedor nuestro recurso humano;
  • El trato no discriminatorio de este importante sector de las instituciones que hacen vida en el país y en la dinámica de una sociedad en desarrollo;
  • El cumplimiento del pago de beneficios laborales causados y exigibles;
  • El cumplimiento del pago de pasivos laborales que se adeudan desde 1998;
  • La asignación de un presupuesto justo y digno para la Universidad de Carabobo.

En este orden de ideas, seguidamente exponemos:

PRIMERO: Las Universidades Nacionales atendimos el llamado hecho por el Ejecutivo Nacional para ampliar la capacidad de ingreso estudiantil, contribuyendo con la política de inclusión planteada por esa instancia. No obstante, es un hecho cierto no controvertido que, pese a haber procesado el ingreso de mayor número de estudiantes, se ha pretendido que sean atendidos académicamente con idéntica asignación presupuestaria.

SEGUNDO: Conoce el despacho a su cargo que la asignación presupuestaria en una materia tan sensible y delicada como lo es la correspondiente a las políticas de salud -derecho con rango constitucional del que presuntamente debemos gozar no solo los universitarios, sino todos los venezolanos ha sido y es insuficiente, generando gravísimas consecuencias en la población universitaria, siendo el caso que la realidad del país es que los centros asistenciales de salud del sector público presentan un escenario tan grave frente a la falta de recursos, que el personal universitario está haciendo serios sacrificios, comprometiendo su patrimonio personal, para acometer los siniestros que se les presentan.

TERCERO: Es incierto que se haya incrementado el salario de la comunidad universitaria en un treinta por ciento (30%). La realidad de las cosas es que el último incremento salarial cierto data del año 2007 y que aún se nos adeuda el concepto correspondiente a normas de homologación de ese ejercicio fiscal; ello sin considerar el carácter unilateral e impositivo con el que se toman decisiones que deben ser concertadas de acuerdo con la normativa vigente. Igualmente no han sido discutidas normas de homologación 2009, menos aún 2010 cuando este último año está por culminar. El índice inflacionario aún con la pretensión del Ejecutivo Nacional de llevarlo a su mínima expresión y restarle la suprema importancia que realmente tiene para la economía de nuestros trabajadores, ha ocasionado fuertes estragos en el presupuesto de nuestro recurso humano. Es urgente la aprobación de un incremento salarial acorde con el nivel profesional del personal universitario. Es inaceptable e injustificable que los salarios establecidos en los tabuladores que nos rigen sean de los más bajos del sector público cuando para hacer carrera académica y/o administrativa se nos exigen una serie de requisitos con niveles avanzados y de excelencia cuando no lo es así para otros funcionarios de la administración pública, que además de obtener salarios con una diferencia sustancial en detrimento con el nuestro, reciben dos y tres veces las bonificaciones destinadas al sector universitario.

CUARTO: Debe usted conocer la significativa cifra que se adeuda a nuestros trabajadores por el no pago de intereses sobre prestaciones sociales. Esta circunstancia abarca múltiples condicionantes negativos, pues además de la pérdida del poder adquisitivo que pudiera generar dicho concepto, causado y exigible desde el punto de vista constitucional y legal en un estado de derecho; la gestión gubernamental, en este caso del Ejecutivo Nacional, está generando un daño patrimonial no solo a los trabajadores sino al Estado, diferenciando adecuadamente los conceptos de gobierno y estado, pues la mora en la que se ha colocado el Ministerio a su cargo compromete seriamente el cálculo de dichos pasivos, incrementa una deuda que debió ser honrada en su oportunidad y hace que los funcionarios en los que recae la responsabilidad de cumplir con el pago de dichos conceptos sean sujetos de sanciones legales. Iguales consideraciones aplican en cuanto al pago de prestaciones sociales desde el año 2009.

QUINTO: Es discriminatoria e inconstitucional la política diferenciada que ha marcado el despacho a su cargo en la asignación de becas para los estudiantes de nuestra comunidad respecto a los montos adjudicados a otras universidades. En tal sentido nuestro texto constitucional es categórico al establecer el principio de la igualdad. No existe criterio jurídico en el que pueda fundamentarse una diferencia tan sustancial, pues a todo evento nuestros estudiantes tienen idénticos derechos a los de otros universitarios de la nación en la asignación de recursos destinados a contribuir con mejorar su calidad de vida en función de su preparación profesional.

SEXTO: Nuestras Instituciones a través de sus voceros autorizados, han sido respetuosas en todo momento en el cual ha ocurrido ante esa instancia. Hemos empleado un lenguaje de altura para plantear nuestras exigencias. Hemos atendido todos y cada uno de los requerimientos que nos han sido formulados. Nuestro último llamado en esta comunicación, pero no por ello menos importante, es al respeto, al trato digno, al empleo de canales de comunicación acordes con la relevancia de los cargos que ejercemos, unos legítimamente electos, otros por designación. No contribuye en nada a alcanzar vías de comunicación adecuadas en función del supremo interés nacional común que entiendo debemos compartir, la descalificación que usted constantemente hace de nuestra administración. Debe saber que estamos sometidos a las políticas de control fiscal establecidas en la ley y en consecuencia constante y reiteradamente rendimos cuentas de todo el presupuesto que recibimos.

Finalmente, nuestro llamado es a la sindéresis, a la ponderación, al respeto mutuo y al establecimiento de canales de comunicación que, en un clima digno, profesional y adecuado a las instancias involucradas en la educación superior, puedan concertar las decisiones correspondientes a todos los aspectos contenidos en la presente comunicación.

Sin más a que hacer referencia, se suscriben,

Universidad Central de Venezuela (UCV):

Prof. Cecilia Garcia-Arocha

Universidad de Los Andes (ULA):

Prof. Mario Bonuccy Rossini

Universidad de Zulia (LUZ):

Prof. Jorge Palencia

Universidad de Carabobo (UC):

Prof. Jessy Divo

Universidad de Oriente (UDO):

Prof. Milena Bravo de Romero

Universidad Lisandro Alvarado (UCLA):

Prof. Francesco Leone

Universidad Simón Bolívar (USB):

Prof. Enrique Planchart

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET):

Prof. José Sánchez Frank

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO):

Prof. Rita Elena Añez

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL):

Prof. Raúl López

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